La Comisión inició labores en febrero, luego de la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el 22 de enero. Los senadores Mario Choque Gutiérrez, secretario del Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; y Carlos Sonneschein Antelo, secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros, son parte de esa Comisión.
“La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores se constituye en una de las más importantes por los aproximadamente 56 instrumentos legales, resoluciones camarales y minutas de comunicación que analizó y fueron sancionados en el plenario”, afirmó el presidente de esa instancia legislativa, David Sánchez, del MAS.
Entre febrero y diciembre se aprobaron esas normas, de las cuáles “unas diez tienen que ver con empréstitos para el Estado boliviano”, dijo Sánchez.
Estos créditos fueron para la construcción de carreteras, desarrollo productivo para los municipios más pobres y para programas de salud.
Según el resumen del informe de gestión de la Comisión de Planificación del Senado al que tuvo acceso este diario, esa instancia legislativa vio al menos 11 contratos de crédito, entre ellos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), The Opec Fund for International Development (OFID), Gobierno chino y otros.
Entre los montos más altos que aprobó la Comisión está el préstamo del BID de $us 101.000.000 para el Programa Hidroeléctrico de Energía Renovable Misicuni.
Dos créditos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $us 70 millones y 75 millones para obras viales y atención de emergencias, respectivamente, están entre los contratos de préstamos más altos aprobados por esa Comisión y enviados al plenario para su sanción.
La Comisión, asimismo, avaló el “contrato de préstamo entre Bolivia y el Export-Import Bank por un monto de 281.000.000 de yuanes para apoyar el proyecto de Equipamiento del Batallón de Ingeniería”, precisa el documento.
MONEDA SUCRE
“Esta Comisión —indica el reporte— ha aprobado varios proyectos en el plano de la economía de la planificación, como la denominada moneda Sucre para los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), que evita costos de exportación e importación de productos del bloque”.
Al margen de esos instrumentos legales, a esa Comisión llegaron otros como la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta norma tiene relación con la economía del Estado boliviano, a la cual se le defraudó más de 70 mil millones de bolivianos en el periodo neoliberal, según el senador Sánchez.
En los once meses de gestión, la Comisión hizo peticiones de informe oral y escrito, ente otras entidades, a la Fundación del Banco Central Bolivia, para ver el manejo de los recursos del Estado.
El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) también fue objeto de petición de informe porque recibe recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).
Otras leyes y resoluciones
Proyectos: La Comisión de Planificación del Senado, entre febrero y noviembre, además de los 56 proyectos de normas, presentó dos proyectos de resolución camaral y dos proyectos de minutas de comunicación.
Otros: Esta instancia legislativa, entre otros, también aprobó proyectos como la “Creación del Monumento Nacional de Próceres Indígenas”, la “Creación del Museo de Historia Plurinacional”, dependiente de la Casa de la Libertad, y el “Fomento a la Producción, Industrialización y Comercialización del Ají”, en Chuquisaca.
Observación a universidades públicas
La Comisión de Planificación del Senado, en el marco de sus tareas de fiscalización, hizo una petición de informe al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). El presidente de esa instancia legislativa, David Sánchez, sostuvo que el informe de los centros de formación superior públicos, agrupados en el CEUB, no fue satisfactorio.
“Es de lamentar que no hemos recibido informe de las universidades, por lo menos no en un mismo formato, sino dispares y no de todas. Estamos alistando otra respuesta al CEUB, para ver en qué medida y más allá de su autonomía puedan rendir cuentas al Estado, no sólo con informe de presupuesto, sino cómo se planifica y justifica el gasto”, afirmó.
En ese contexto y ante algunas denuncias de presunta corrupción en algunas universidades públicas, planteó la posibilidad de elaborar una ley para ese sector. “No estamos procesando, pero hemos recibido denuncias de que grupos de poder manejan a su antojo los recursos de la universidad”, sostuvo.
“Ojalá algún rato se trabaje con una ley de universidades y el CEUB entienda que estos recursos de los bolivianos deben manejarse en óptimas condiciones”, agregó el asambleísta.
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